De acuerdo con nuestra Constitución el estado español es aconfesional, así el artículo 16 establece “ninguna confesión tendrá carácter estatal” lo que significa que el estado no está adscrito a ninguna confesión religiosa. Este precepto choca con el trato de favor y privilegios que continúa ostentando, e incluso aumentando, la iglesia católica en nuestro país y que son propios de otras formas de gobierno anticonstitucionales.
La iglesia católica recibe de las arcas del Estado español fondos que proceden de diversas fuentes, algunos estudios elevan estas cifras a los 10.000 millones de euros para el año 2011, como los obtenidos del IRPF no sólo de la casilla “iglesia católica” sino que también se lleva parte de la casilla “otros fines sociales” ya que parte de lo recaudado por este concepto se destina a organizaciones y fundaciones católicas. De este modo cualquier ciudadano que no sea católico está obligado a contribuir con sus impuestos al sostenimiento de la iglesia.
